En el autotransporte de carga, un siniestro carretero no debe verse únicamente como un problema operativo. En la práctica, un accidente grave puede convertirse en un golpe financiero capaz de comprometer la continuidad de una empresa, sobre todo cuando la cobertura contratada de Responsabilidad Civil se queda corta frente al tamaño real del daño.
El sector suele cumplir con el requisito básico: tener una póliza vigente de Responsabilidad Civil. Sin embargo, cumplir no siempre significa estar protegido. La regulación y diversos trámites del autotransporte federal contemplan pólizas mínimas expresadas en UMA; para 2026, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con el INEGI. (INEGI) En distintos documentos oficiales se han señalado montos mínimos de 19,000 y hasta 38,000 UMA para ciertos permisos o modalidades, lo que refleja que la cobertura obligatoria funciona como piso regulatorio, no como blindaje financiero total. (Sidofqa)
Ahí está el detalle fino: el riesgo no desaparece aunque la empresa haga bien la tarea. Protocolos, capacitación, mantenimiento, telemetría, descansos y buenas prácticas reducen la probabilidad de accidente, pero no eliminan variables como clima, baja visibilidad, fatiga, terceros imprudentes, cierres inesperados o infraestructura deficiente. La carretera no perdona, y menos cuando hay unidades pesadas, carga de alto valor o materiales sensibles.
De acuerdo con información de Grupo Innovazione retomada por medios especializados, un accidente puede representar desde decenas de miles de pesos hasta más de 6 millones de pesos cuando hay daños materiales, incendio de unidades, afectaciones ambientales y costos operativos. En eventos con fallecidos y lesionados, la exposición puede superar los 11 millones de pesos. (Factor Automotor)
El problema es que muchas empresas operan con coberturas cercanas a 4 millones de pesos. En papel suena razonable; en un siniestro mayor, es una servilleta frente a un incendio. A los daños directos se agregan gastos legales, pérdida de carga, afectación a infraestructura pública, indemnizaciones, interrupción de rutas y daño reputacional.